A Savater le traiciona su vehemencia cuando caricaturiza al movimiento objetor. Y es que me extraña que tan fino moralista sea incapaz de distinguir el plano de las convicciones morales del plano de la actuación civil. Señor Savater: los padres objetores nunca hemos sostenido, como afirma usted, que seamos los únicos transmisores de los valores morales que atañen al civismo. Mantenemos, eso sí (y en este punto la Constitución nos ampara), que somos quienes determinan la orientación moral inicial de nuestros hijos y quienes escogemos los medios y personas que nos ayuden en tan grave deber. Y precisamente porque pedimos el respeto a determinar la formación moral de nuestros hijos, respetamos el protagonismo de todos los padres en la formación moral de sus hijos. Sean estos musulmanes, abertzales o agnósticos. Eso sí: no mezclemos el ‘hiyab’ con la apología del terrorismo, delito tipificado en el código penal.

El ámbito donde se puede y se debe trabajar desde el Estado para mejorar la convivencia, señor Savater, no es el moral, que es patrimonio de cada persona y debe estar libre del intervencionismo estatal, por muy bienintencionado que este sea (de momento, porque las elecciones posibilitan cambios de gobierno). Para mantener la paz y avanzar en la convivencia basta con establecer leyes justas que la promuevan y hacerlas cumplir sin titubeos ni cálculo político. Ya nos ocupamos los padres de enseñar, con la palabra y con el ejemplo, no sólo que matar o coaccionar es inmoral, sino que es deber de toda persona contribuir a la mejora social, al bien común y a una paz duradera.

Del mismo modo que el Estado no necesita imponer una formación moral determinada para evitar los robos, sino aplicar a los ladrones el código penal, no es competencia estatal “educar a muchos niños contra los valores de sus padres” para garantizar la paz. Es verdad que en el País Vasco “cierta violencia política -el terrorismo- ha encontrado justificadores entre los adultos encargados de formar a los jóvenes“. Pero no es menos cierto que hace unas décadas hemos acordado dejar de encarcelar a la gente por lo que piensa y limitarnos a detenerla cuando conculca mediante hechos probados las leyes establecidas. ¿Quién es el Estado para entrar a juzgar las conciencias? Juzgue los hechos y castigue los delitos, que para eso nos hemos dotado de un Estado de Derecho.

No es Savater el primer intelectual que acaba abocado al platonismo educativo y pretende erradicar el mal social estableciendo una moral pública de Estado que sustituya a las concepciones morales civiles, sostenidas por familias y religiones. El problema no es sólo que dicho planteamiento cercena la libertad individual en su dimensión más intima: la de las creencias y valores. El problema de los planteamientos pedagogistas es que parecen desconocer, a estas alturas de la historia, que las personas no siempre actuamos de acuerdo a lo que creemos recto o justo: a menudo nos dejamos llevar por las pasiones, la comodidad, la ley del mínimo esfuerzo o cualquier otra circunstancia presente en la compleja naturaleza humana. Limítese el Estado a velar por la justicia y deje a la sociedad civil escoger y desarrollar sus principios morales. Que el mal pensado no hace daño y siempre está a tiempo de reconducirse por medio del debate y como consecuencia del desarrollo de la sociedad. Y es que una convivencia sin libertad no merece llevar ese nombre. Ya lo hemos experimentado en los campos de concentración. No volvamos a repetir los errores.

¿Ciudadanos o santos?

FERNANDO SAVATER, El Correo, 16/05/2010

La educación para la paz no consiste ante todo en deslegitimar la violencia, sino en legitimar el Estado de Derecho, sus instituciones y su Constitución

Entre los diversos problemas que suscita el así llamado Plan de Educación para la Paz, hay uno fundamental pero que todavía no he visto señalado por nadie: se diseñe como se diseñe, a fin de cuentas supondrá educar a muchos niños contra los valores de sus padres. Esto nos remite a una polémica anterior, la de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que tanto escándalo y protestas despertó en algunos sectores sociales reaccionarios. Hasta se consiguió que ciertas criaturas invocasen la objeción de conciencia contra ella, las cosas que hay que ver y las que todavía veremos.

Por supuesto, educar para la paz no es nada distinto -ni mejor, desde luego- a educar para la ciudadanía. Pero resulta que algunos padres tienen valores incompatibles con la paz y la convivencia, así como con la ciudadanía. Si fuese verdad, como algunos han sostenido a la sombra de báculos episcopales, que la transmisión de los valores morales que atañen al civismo es competencia exclusiva de los padres y que el Estado pretenda tener algo que decir en el asunto es una imposición totalitaria, no podrá haber Educación para la Ciudadanía, pero tampoco Plan de Educación para la Paz que valga. Lo chocante es que muchos de quienes sostienen la competencia exclusiva de los padres en esta materia son quienes niegan con mayor vehemencia que las niñas puedan cubrirse con el ‘hiyab’ por obediencia a las creencias familiares o que niños de cinco o seis años puedan exhibirse con pegatinas a favor de los presos etarras que les han puesto en el babero sus papás. ¿En qué quedamos?

Lo malo de las posturas irracionales en educación -es decir, lo bueno para quienes no las compartimos- es que más pronto que tarde terminan desembocando en flagrantes contradicciones. Es evidente que en cuestión de valores los niños no sólo son educados para vivir en casa con sus familias sino en la sociedad democrática que todos compartimos y bajo las leyes aprobadas por la mayoría que nos rigen. Y los dogmas familiares, respetables en la esfera íntima y privada, dejan de serlo si chocan abiertamente con los del conjunto social cuya armonía pacífica buscamos. Por eso es imprescindible que en el ámbito público de la educación (y toda educación resulta pública en gran medida, sea financiada por fondos particulares o estatales) se ofrezca al menos la alternativa común a las creencias familiares, para que los educandos conozcan que, además de lo que opinan sus padres sobre la vida en sociedad, existen otras formas de ver y sobre todo normas legales que enmarcan los comportamientos aceptables para cualquiera, crea lo que crean en su casa o en su corazoncito.

Cualquier educación en los países civilizados aboga contra el uso de la violencia en la sociedad. Y por supuesto también se ha hecho siempre así en los centros educativos vascos, pues en este bendito lugar no somos más violentos que los demás. Aquí siempre se han desacosejado todas las violencias domésticas y sin domesticar&hellip salvo en un caso: la violencia política, que a veces ha sido más o menos claramente ensalzada como heroica y otras al menos justificada como parte de un ‘conflicto’ (por cierto, también los maridos que asesinan a sus mujeres lo hacen por algún conflicto con ellas, aunque no sea político).

Si en el País Vasco hay que educar especialmente para la paz no es sencillamente porque haya violencia, la cual ocasionalmente se da en todas partes y ningún educador la recomienda, sino porque cierta violencia política -el terrorismo- ha encontrado justificadores entre los adultos encargados de formar a los jóvenes. Estos antieducadores deslegitiman las instituciones democráticas de modo que dejan implícito que no es tan malo emplear la lucha armada contra ellas. Por tanto la violencia que debe ser denunciada no es la violencia en general sino la violencia política causada por unos motivos ideológicos específicos que se dan aquí pero no en otras partes.

La violencia política que altera la convivencia en paz no puede ser combatida en Euskadi con propuestas generales -es decir, que hablan de cualquier tipo de violencia- ni con remedios exclusivamente morales, que recomiendan la mansedumbre y el amor fraterno. No se trata de elevar a los alumnos a la santidad, sino de convertirlos en buenos ciudadanos, que acepten y aprendan a utilizar medios políticos para afrontar los problemas políticos del país.

La educación para la paz no consiste ante todo en deslegitimar la violencia, sino en legitimar el Estado de Derecho en que vivimos, sus instituciones y su Constitución. Aunque haya padres y políticos que tuerzan el gesto, como otros lo hacen ante el hecho de regular legalmente el aborto o respetar a los homosexuales. Lo demás son cuentos, y con cuentos no se consigue alcanzar la paz sino sólo disimular y prolongar la vieja tragedia que vivimos.

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Navarra Confidencial, 3 de mayo de 2010

Una asignatura que era maravillosa cuando adoctrinaba en el sentido adecuado.

Llamaba nuestra atención en recientes fechas la virulenta reacción del Grupo Noticias contra la EPC cuando el gobierno vasco decidió incluir en la asignatura los objetivos del documento Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia 2010-2011. Automáticamente, la asignatura a la que sólo podían oponerse las gentes de la caverna y los enemigos de la democracia dejó de ser maravillosa. El debate ha saltado a la arena política en la comunidad vecina y no ha hecho sino crecer desde entonces. El PNV reclama un consenso que cuente con ellos partiendo de cero y Aralar la retirada del Plan de Educación para la Paz. Las ikastolas de la CAV, Navarra e Iparralde han rechazado el Plan de Educación por la Paz al considerar que parte de un “impulso político” y contiene “una considerable dosis de adoctrinamiento partidista“. Un artículo de Gara, incluso, propugna ahora “un estudio reposado y profesional antes de introducir un Caballo de Troya en el sistema educativo que luego no se sepa cómo desactivar”. Cabe pensar entonces si el asunto no habría que haberlo estudiado hace dos o tres años. El problema es que la libertad educativa puede defenderse siempre. El adoctrinamiento en cambio sólo se puede defender según de dónde venga, generando ostensibles problemas de incoherencia.

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Lo advirtieron quienes se oponen a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tal como está configurada. EpC se convertiría en arma de los gobiernos para adoctrinar en lugar de enseñar las normas de obligado cumplimiento en un sistema democrático. El Plan de Educación para la Paz es tan específico que levanta ampollas en filas nacionalistas, y si vuelven al poder cambiarán el enfoque, y nuestros hijos tendrán que poner al otro lado de la balanza, como si fueran la cara y la cruz de un conflicto histórico y político, que hay asesinados por ETA pero también del Batallón Vasco Español, GAL o en fosas de la guerra civil, tal como escribe el Sr. Esnal (DV 29/04/10). La asignatura se convierte así en adoctrinamiento sobre el llamado conflicto vasco y, dependiendo de la oportunidad política del momento, dirá una u otra cosa. Un desastre. Para educar a ciudadanos sanos basta con enseñar radicalmente el principio básico de la moral objetiva: no matarás, sin matices. Y punto. Lo demás será convertir el «no matarás» en un concepto relativo y matizable según la ideología mayoritaria del momento. Señores políticos: si quieren hacer algo efectivo, revisen los manuales de Hizkuntza y Gizarte, que es su competencia. De educar en el bien y el mal ya nos encargamos los padres, que sabemos discernir en materia moral. Y el que no quiera hacerlo, tiene como límite la ley.

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Navarra Confidencial, 15/04/2010

La asignatura de Educación para la Ciudadanía, de repente, ya no es maravillosa para el Grupo Noticias, editor en Navarra del Diario de Noticias. Este giro inesperado se ha producido a raíz de la decisión del gobierno vasco de incluir  los objetivos del documento Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia 2010-2011 en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y es que, según denuncian los periódicos del grupo nacionalista, la consejera de Educación pretende promover actividades como que los alumnos de ESO recreen zulos en el interior de las aulas. Todos los alumnos irían pasando por el interior del zulo mientras se lee el testimonio de una persona secuestrada. El propósito de este tipo de actividades sería sensibilizar a los alumnos de la CAV contra la violencia etarra.

Bienvenidos a la caverna y la caspa

La iniciativa ha merecido, sin embargo, la enérgica reprobación del diario Deia, que en su editorial de ayer criticaba que “conlleva los riesgos de la restricción a un único tipo violento, de la parcialidad ideológica y de una escasa mesura y equilibrio en el método”. Y es que todo el mundo sabe que el nacionalismo pregona la existencia de una violencia paralela a la etarra, que de ese modo podría ser presentada como una especie de equilibrio moral, aunque hace ya más de 20 años que no se puede atribuir ninguna muerte a la existencia de dicha violencia. El editorial asegura que este tipo de iniciativas suponen “un intento de aleccionamiento que nunca debería tener cabida en las aulas y que retrotrae a asignaturas del sistema educativo de hace varias décadas”. Paradójicamente, se trata del mismo tipo de argumentos que han mantenido desde el principio aquellos que siempre se han opuesto en nombre de la libertad a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, frente a esta oposición sobrevenida a la asignatura del Grupo Noticias, cabe pensar que la solución al problema de la EPC nunca fue la orientación del aleccionamiento, sino que siempre fue la libertad. Es posible que algún padre prefiera objetar antes que dejar que su ñiño se meta en el zulo. ¿Veremos algún día un editorial del Grupo Noticias defendiendo la objeción de conciencia frente a la Educación para la Ciudadanía?

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El conflicto por la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) ha llegado ya a Estrasburgo. Un centenar de familias ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la primera demanda contra España por incluir esta asignatura como obligatoria, apelando a la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Estos padres, procedentes de Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia, han solicitado a la Alta Corte medidas cautelares que obliguen al Estado a no forzar la entrada de los niños en clase. La demanda invoca los artículos número 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar), 9 (libertad de pensamiento conciencia y religión), y 2 del protocolo número 1 (derecho a la educación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, el escrito expresa la queja por la violación del artículo 14 (prohibición de discriminación) y solicita una compensación equitativa, sin cuantificar, por «los daños morales causados». También solicitan que el tribunal exija al Gobierno que respete la «neutralidad ideológica» de la enseñanza.

El portavoz de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, confió en que Estrasburgo demuestre «más imparcialidad» que el Tribunal Supremo, que rechazó la objeción de conciencia a esta asignatura.

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La decisión del departamento que dirige Isabel Celaá de incluir el testimonio de las víctimas del terrorismo, tanto de ETA como de los grupos de extrema derecha e izquierda, en la asignatura Educación para la Ciudadanía ha sembrado de incertidumbre a los padres y directores de los colegios vascos. Desde la confederación de madres y padres, Ehige, consideran «importante la educación para la paz y la no violencia» y entienden la necesidad de que se vean reconocidos todos los derechos, así como que «las personas que de alguna forma han sido privados de ellos puedan manifestarse libremente ante la comunidad educativa». Pero recuerdan que hay que analizar «cuál es la mejor forma de hacerlo». En este sentido, ponen sobre la mesa varias preguntas: «¿estamos preparados para tratar cualquiera de los temas que surjan con estos debates? y ¿cómo se va a calificar al alumnado por sus opiniones?».

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En el País Vasco, la asignatura de Educación para la Ciudadanía recogerá el testimonio de las víctimas del terrorismo. Según el portavoz socialista en el Parlamento vasco, Josá Antonio Pastor, “eso es parte de nuestra memoria histórica que no se puede olvidar”.

José Luis Martín – COPE, 05-01-10
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, se ha referido a la modificación en Euskadi de la asignatura de Educación para la Ciudadanía para que incluya testimonios de las víctimas del terrorismo, algo que considera necesario para no olvidar esa parte de nuestra historia y evitar que se repita.

Uno de los elementos fundamentales de deslegitimación de la violencia es que la ciudadanía vasca no olvide su historia. Por desgracia, la existencia de de víctimas del terrorismo es una parte trágica de la historia de Euskadi y los niños y niñas vascos tienen que saber que eso es parte de una realidad que se ha vivido y que se vive todavía. Eso es parte de nuestra memoria histórica que no se puede olvidar“, ha explicado Pastor.

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Guste o no, había un intento de adoctrinamiento, de extender a través de los contenidos de la educación conceptos y sentimientos que el nacionalismo siente como naturales. Depurar esos contenidos sin sustituirlos por otros de distinto signo no supone “españolizar” la educación, sino devolverla a su condición de espacio común; neutral en lo que se refiere a las creencias particulares

Emilio Alfaro, EL PAÍS, 15/11/2009

El aserto de que en política es más fácil levantar alambradas que tejer consensos lo acaba de confirmar la airada respuesta del PNV a las correcciones anunciadas la semana pasada por la consejera de Educación a los decretos curriculares de Primaria, Secundaria y Bachillerato que quiso dejar cerrados su antecesor en el Gobierno tripartito, Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna). Un desliz verbal de la consejera socialista Isabel Celaá al encuadrar la reforma de los textos que establecen los conocimientos que deben alcanzar los alumnos al final de cada etapa educativa soliviantó a todos los sectores del nacionalismo y especialmente a su organización más significativa. Partidos y sindicatos de esa confesión se han sentido directamente aludidos (y ofendidos) cuando Celaá manifestó que uno de los objetivos de los nuevos decretos es erradicar el “adoctrinamiento nacionalista” de las aulas.

Como en tantas otras ocasiones, el alboroto levantado por una expresión más o menos feliz o quizás poco política amenaza con tapar la sustancia de lo que se está tratando. Si hay exceso en hablar genéricamente de “adoctrinamiento” ideológico de un determinado sesgo en las aulas, lo hay en mayor medida cuando se asocia el propósito de evitarlo a la intención alternativa de acometer “la españolización” del currículo escolar (Josu Erkoreka) o se afirma que con los decretos revisados “empieza el derribo” del euskera (Iñigo Urkullu). En un par de días, lo que era como mucho un “exceso incalificable”, según lo calificó en caliente la portavoz peneuvista de Educación, Arantza Aurrekoetxea, se convierte, ya en frío, en una supuesta operación Reconquista pilotada en segundo plano por el PP.

Euskera y agravio constituyen dos ingredientes demasiado atractivos para que los desdeñe un PNV necesitado de resortes sobre los que articular la oposición al Gobierno socialista que le arrebató el poder. Sin embargo, euskera y educación son elementos demasiado valiosos y sensibles para ser utilizados como materia de confrontación. Aunque la tentación esté ahí, sería desastroso que ese episodio dificultara el entendimiento básico que ha existido sobre la política educativa y la política lingüística entre el PNV y el PSE desde los años ochenta hasta ayer mismo.

Todo partido desplazado del poder siente como una ofensa los cambios que el sucesor realiza sobre sus políticas, y mucho más cuando no le reconoce al nuevo Gobierno plena legitimidad, como es el caso. Sin embargo, la reacción del PNV en este asunto encierra una trampa en la que puede verse atrapado si prosigue el camino iniciado: la de asumir como propia la calamitosa gestión realizada por los dos últimos consejeros de Eusko Alkatasuna al frente de Educación. Resultaría chocante que, por aprovechar una vía quizás eficaz de desgastar al Gobierno de Patxi López, el partido de Urkullu se convirtiera desde la oposición en defensor retrospectivo de la política extraviada de Anjeles Iztueta y Tontxu Campos. Una política que deploraba cuando estaba en el Gobierno y que procuró frenar desde fuera de él, aunque sin cuestionar la permisividad del lehendakari Ibarretxe con su socio minoritario.

A lo mejor fue excesiva la consejera al calificar los excesos que se pretenden corregir con los nuevos decretos. Pero sin duda ha habido también desmesura en las reacciones de las fuerzas nacionalistas a sus palabras. En cualquier caso, la controversia no puede desplazar la motivación y los contenidos concretos de la revisión que se propone. Y tampoco debe desnaturalizar el juicio crítico sobre la intencionalidad que tenía el llamado “currículo vasco” que definió el marco conceptual de los decretos que Campos logró aprobar en vísperas de su salida del Gobierno.

El currículo nació ya escorado en su propósito marcadamente identitario -hay una “biología propia”, según alegaba Iztueta para justificarlo- y en su pretendido ámbito de aplicación -la Euskal Herria que se sale del margen jurisdiccional de la comunidad autónoma-. Y apenas hubo escándalo cuando se conoció que su inspiración provenía de entidades ajenas a la Administración, y menos cuando se encargó a organizaciones externas al Departamento de Educación la definición del proyecto que iba a ser de aplicación en el conjunto del sistema educativo.

Guste o no, había un intento de adoctrinamiento, de extender a través de los contenidos de la educación conceptos y sentimientos que el nacionalismo siente como naturales. Depurar esos contenidos sin sustituirlos por otros de distinto signo no supone “españolizar” la educación, sino devolverla a su condición de espacio común; neutral en lo que se refiere a las creencias particulares, pero no en cuanto a los valores de la ciudadanía.

Y lo mismo cabe decir del papel de las lenguas en la escuela. El objetivo compartido de avanzar hacia un bilingüismo funcional, potenciando el conocimiento y uso del euskera, no debe abordarse poniendo objetivos voluntaristas o señalando cuál de las dos lenguas oficiales es la “principal” o vehicular, según se hacía en los decretos. El camino lo apuntó en enero pasado el Consejo Asesor del Euskera en su documento Euskara 21. Hacia un pacto renovado: consenso, persuasión social, fijación de unos objetivos alcanzables y flexibilidad en los ritmos. De acuerdo con estos criterios habría que enjuiciar los decretos, y no por unas palabras más o menos afortunadas de la consejera.

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Los documentos serán debatidos por el Consejo Escolar Vasco y por otras entidades, en un plazo aproximado de dos meses

El Correo Digital

El Gobierno vasco tiene preparada la reforma de los decretos que regulan los contenidos, objetivos y criterios de evaluación en los ciclos de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. La reforma equiparará euskera y castellano desde el punto de vista normativo y eliminará el uso del término “Euskal Herria” como concepto político y administrativo.

La consejera de Educación, Isabel Celaá, ha presentado hoy en rueda de prensa los borradores de los tres decretos que serán ahora remitidos al Consejo Escolar Vasco y a otras entidades del sector para que puedan analizarlo antes de que sea aprobado en Consejo de Gobierno. Estos nuevos decretos se aplicarán de cara al próximo curso académico 2010/2011.

Estos proyectos de norma introducen importantes modificaciones en los decretos aprobados en la pasada legislatura por el equipo de Tontxu Campos. El objetivo de estas reformas son, según la consejera, “mejorar la enseñanza en el aula, liberarla de cualquier atisbo de adoctrinamiento y concitar acuerdos amplios en torno a la educación de nuestros niños y jóvenes”. “Se ha modificado aquello que pudiera provocar confusión, inducir al error, forzar en exceso o excluir el acuerdo y concitar la división”, ha señalado.

Modo reduccionista

Celaá ha explicado que los nuevos decretos toman como base los todavía vigentes nacen con la voluntad de poner fin a “la tentación de hacer de la escuela un instrumento de adoctrinamiento nacionalista, y no de inclusión dentro del pluralismo”. Un segundo criterio de la reforma es eliminar “el modo reduccionista y sectario que recibía el tratamiento de las lenguas en el ámbito de la enseñanza”. “Nuestros objetivos han sido hacer de la educación vasca un ámbito de inclusión en el respeto al pluralismo de nuestra sociedad, evitando toda tentación de adoctrinamiento. En un mundo en el que nos esforzamos por tratar a los extranjeros como conciudadanos, de ninguna manera podemos tolerar que nuestros conciudadanos sean tratados como extranjeros”, ha dicho.

Para la consejera el poder político tiene la obligación de trabajar de acuerdo a la legislación vigente y hacer de la escuela “un lugar acogedor por igual de todos los sentimientos de pertenencia y emociones que existen en la sociedad vasca. Adoctrinar es lo contrario de educar y por eso evitar el adoctrinamiento y la superideologización, ha de ser tarea de la escuela”. De esta forma, y según ha expuesto la titular del Departamento de Educación, los cambios persiguen en primer lugar mejorar en cuanto a seguridad jurídica y claridad y, con tal fin, los borradores de decretos eliminan aspectos coyunturales como referencias a programas concretos y dejan claro la obligación de respetar y cumplir sus disposiciones.

Un segundo grupo de cambios van dirigidos a “ganar en rigor científico y claridad”. Celaá ha puesto como ejemplo el tratamiento dado al término “Euskal Herria” y ha explicado que los decretos mantendrán dicho término en ámbitos culturales y lingüísticos, pero será sustituido por Euskadi o Comunidad Autónoma del País Vasco cuando haga referencia al ámbito político y administrativo. Asimismo, ha subrayado, se eliminará por improcedente e innecesario en epígrafes como “Enfermedades más comunes de Euskal Herria”, “Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en Euskal Herria. Responsabilidad individual en el ahorro energético” o “Energías utilizadas por las máquinas en Euskal Herria: eléctrica, vapor, nuclear, solar, eólica”".

Reformas patentes

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es otra área donde las reformas son patentes y, concretamente, los decretos modificarán objetivos, contenidos y criterios de evaluación para “asentar una acción educativa que tenga a los derechos humanos y la dignidad de la persona como referentes básicos y fomenten la empatía hacia las víctimas de su conculcación”. “Se trata de que el currículo recoja claramente el rechazo a la violencia, también a la violencia terrorista, y no eluda por tanto, la situación que sufre nuestro país, caracterizándolo sin ambages como un caso de violencia ilegítima desde todos los puntos de vista”, ha señalado la consejera.

Finalmente, y en el caso de las lenguas, Celaá ha dicho que los nuevos decretos buscan “corregir excesos y obtener mayor consenso en el tratamiento de las lenguas. Desaparecen las redacciones que propiciaban un distinto nivel jerárquico de las lenguas, que nunca hemos compartido. Un despropósito que negaba nuestra realidad lingüística, creaba agravios y sólo restaba”. Así, desaparece la consideración del euskera como lengua vehicular principal del sistema educativo y la nueva redacción defienden “un bilingüismo equilibrado, asegurando la igualdad de las dos lenguas oficiales de Euskadi, y plantea favorecer el surgimiento de vínculos personales y afectivos para potenciar un mayor uso del euskara en todos los centros sin excepción, incluidos los centros extranjeros”.

Este apartado introduce modificaciones también en el tratamiento de las exenciones del estudio de la lengua vasca en el sistema educativo no universitario y los nuevos decretos van a distinguir entre la exención del aprendizaje (asistencia a clase) y la evaluación (exigencia de aprobado). Se estudiará cada caso y se podrá decidir la exención de uno de los dos o de los dos. Así, y según ha señalado, un alumno de otro país o comunidad que se incorpora en Bachillerato podría quedar exento del aprendizaje y evaluación de la asignatura de euskera, mientras que si la incorporación es en la ESO sería sólo de la evaluación.

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COPE- Los objetores a Educación para Ciudadanía aúnan esfuerzos. Las distintas plataformas que hasta ahora han servido de portavoces a los objetores de EpC han fundado la Federación de Padres por la Libertad de Educación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, De esta forma, recogen el guante del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que ha mostrado dispuesto a dialogar con los que se oponen a la asignatura.

España Educa en Libertad se presentó este jueves en Madrid. Inmaculada López, de la plataforma segoviana Educación en Libertad y ahora secretaria de la Federación, fue la encargada de desglosar los objetivos de esta nueva institución que velará por los intereses de los objetores a EpC.

La Federación nace por la voluntad de más de 70 plataformas que representan a más de 50.000 objetores. La nueva entidad está presente en todo el territorio nacional y es fruto, en palabras de Inmaculada López, de “una movilización social sin precedentes causada por la imposición de un conjunto de asignaturas que implican una vulneración de la libertad religiosa e ideológica y de los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos”.

Más allá de EpC, la voluntad de esta Federación es la de permanencia. “Queremos que esta movilización cívica sirva para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afectan a sus hijos. Después de la polémica de EpC, el debate educativo no puede seguir siendo monopolizado por los partidos políticos y las administraciones educativas, a menudo indiferentes a los derechos de los padres en materia de educación y libertades fundamentales”.

El primer objetivo de España Educa en Libertad, según Inmaculada González, es el de reunirse con Ángel Gabilondo. “Hoy reiteramos, ya como Federación Nacional, la necesidad de sentarnos con carácter urgente con D. Ángel Gabilondo en calidad de interlocutores con representación en todas las comunidades autónomas. Somos nosotros los que ostentamos la representación real de la mayor parte de padres objetores, son nuestros hijos los que cada día están expuestos a esta materia”, expone González.

Aunque para ese diálogo, le Federación tiene dos premisas muy claras:

1. La primacía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, tal y como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se trata de que la escuela ayude a los padres en esta tarea pero no pretenda suplantarlos.
2. Aunque creemos que la mejor solución sería retirar las actuales asignaturas de EpC y abrir un debate real sobre cómo abordar la educación cívica y en valores, no nos oponemos a que exista unas asignaturas obligatorias de formación cívica siempre y cuando respeten los derechos de los padres y no pretendan adoctrinar imponiendo de manera obligatoria una determinada visión de la vida y la persona.

Los representantes de ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD han confirmado que seguirán promoviendo la objeción de conciencia a EpC entre los padres porque es el único instrumento constitucional que les permite defenderse de una norma que vulnera sus derechos.

La presidenta de la Federación de Padres por la Libertad de Educación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD es Marisa Toribio (Soria Educa en Libertad).

MÁS DE 53.000 OBJECIONES

Hasta el momento se han producido 53. 406 objeciones a la asignatura; además, después de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC los padres han presentado 215 recursos judiciales reclamando su derecho a objetar.

Tras las citadas resoluciones del Supremo se han dictado 48 sentencias favorables a los objetores: 2 de ellas en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza y 46 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas últimas sentencias eximen a 88 alumnos de cursar EpC.

Además, se han presentado 7 denuncias de libros de texto de EpC y 1 recurso judicial por adoctrinamiento en la escuela.

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